Las plataformas de Uber y Cabify han solicitado que Bruselas frene la ley impuesta por Cataluña: «antiVTC».
Uber y Cabify pide ayuda a Bruselas para eliminar la ley «antiVTC»
Uber, Cabify y Bolt en España han decidido accionar ante la aprobación del decreto «antiVTC» que el Gobernador catalán llevará a cabo con el apoyo del PSC y los Comuns.
VTC, UNATO y Feneval, solicitaron a la Comisión Europea abrir un procedimiento contra dicho ejecutivo por ya que establecen que la normativa expuesta coloca «en riesgo de desaparición».
«Tanto los autoridades nacionales como regionales están adoptando medidas que, combinadas, son una amenaza inminente para la continuidad del PHV [las siglas que se utilizan en inglés para referirse a vehículo de alquiler privado] en la mayoría de regiones, especialmente en Cataluña».
El Ejecutivo catalán, cuenta con diversas medidas que obstaculizan la actuación en ámbito urbano de las VTC.
Cerca de 3.000 de las 4.000 VTC en ese territorio quedarán inactivas. Sumando también las consecuencias de la pandemia.
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) emitió un informe donde establece que el Decreto Ley 9/2022 es «contrario a los principio de la buena regulación de los mercados».
«En términos de legalidad, se considera que existen riesgos de que las disposiciones puedan ser contrarias a la libertad de establecimiento consagrado en el artículo 49 de Tratado Europeo».
Herencia del «decreto Ábalos»
La carta a Bruselas señala al Ejecutivo central de «haber ignorado sistemáticamente» las recomendaciones de la Comisión Europea sobre el transporte local sostenible y de «no haber eliminado las restricciones desproporcionadas».
Madrid y Cataluña ya dieron el gran paso en múltiples vías. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, optó por permitirle a Uber, Cabify o Bolt prestar servicio.
Las flotas de VTC y las plataformas no están de acuerdo. En España, deberá decidirse la legalidad y competencia de las restricciones a este negocio. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investigará sobre la regulación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre la VTC.
«El objetivo de salvaguardar el mantenimiento del servicio de taxi tiene naturaleza puramente económica o puede constituir una razón imperiosa de interés general», al ser este, según el Gobierno y el AMB, «un servicio de interés público sujeto a una normativa y a unas obligaciones específicas».
«El mercado de los servicios de VTC quede cerrado para nuevos entrantes». «Se limitan a duplicar los controles ya efectuados cuando se concedió la licencia nacional para los servicios de VTC».
Redacción por Gossipvehículos/Fuente: www.elconfidencial.com
